La Secretaría Antilavado comenzó a controlar a las instituciones religiosas

Dentro de las instituciones analizadas, se destacan denominaciones e iglesias con ingresos anuales y patrimonios millonarios

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¿De quién es la responsabilidad de fiscalizar los ingresos, exoneraciones impositivas y uso del dinero de las instituciones religiosas en nuestro pais?

De acuerdo al artículo 5 de la Constitución, “todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. (...)Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”.

A su vez, el artículo 69 dice que “las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”.

El País consultó a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la exoneración tributaria a las instituciones religiosas, pero desde el organismo se señaló que no hay información “específica” sobre la renuncia que estas suponen.

Tanto desde la DGI como desde del Banco de Previsión Social (BPS), explicaron que respecto a los empleados de las instituciones religiosas (quienes pueden desarrollar desde tareas de sacerdocio o pastorales, como de mantenimiento y limpieza de los edificios) no hay exoneración de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas ni de aportes personales a la seguridad social. En cambio, sí hay exoneraciones por los aportes patronales que debe hacer la institución al BPS.

Para poder solicitar estas exoneraciones, las instituciones religiosas deben estar registradas en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que controla su personería jurídica. Las iglesias suelen utilizar las figuras de fundaciones o asociaciones civiles (todas organizaciones sin fines de lucro), también a veces buscan registrarse como instituciones educativas, culturales o deportivas.

El País consultó al MEC sobre la cantidad de instituciones religiosas registradas y los controles que se realizan, pero el ministerio no dio información alguna.

En relación a las exoneraciones departamentales, desde la Intendencia de Montevideo dijeron a El País que se exoneran la tasa general municipal y la contribución inmobiliaria. Del mismo modo, al otorgarse estas exoneraciones mediante resoluciones, destacaron que no se han realizado análisis sobre la renuncia fiscal que significan.
Serán los primeros

Si bien el costo de las exoneraciones no está analizado, sus ingresos y activos han comenzado a ser controlados por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft).

El secretario nacional del organismo, Jorge Chediak, dijo a El País que en el segundo semestre de 2021 empezaron a analizar el colectivo de organizaciones sin fines de lucro, el cual comprende iglesias, partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos, entre otros, de las cuales tomaron una lista de aquellas “que presenten mayor riesgo o mayor susceptibilidad de ser utilizada para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo”.

“El colectivo de organizaciones sin fines de lucro, es uno de los más heterogéneos, el mayor numéricamente, estamos hablando de miles de organizaciones y uno de los que menos trabajado tiene la Senaclaft, porque básicamente empezó por otros. No es por dejado ex profeso (a propósito) para el final, sino porque la oficina no tiene tantos años”, agregó.

En tanto, la jefa jurídica de la Senaclaft, Patricia Laburu, señaló a El País que para el análisis de las instituciones religiosas, además de obligaciones formales, se les solicitaron datos de sus donantes, cómo reciben las mismas, si se reciben en efectivo y el lugar de donde provienen, junto al control que estas tienen.

“En el caso concreto del financiamiento de las iglesias y donantes, sí hay previsiones para que las distintas organizaciones hagan el análisis de riesgo y la debida diligencia de sus clientes y de sus donantes, por supuesto en la medida de lo posible. Sería ilógico pretender que la Iglesia Católica Apostólica Romana llevara un control de debida diligencia de todas las microdonaciones que se realizan por los fieles en el transcurso de las misas”, acotó Chediak.

Entre los parámetros para evaluar la susceptibilidad que puede tener una institución religiosa de ser utilizada para el lavado de activos o financiamiento al terrorismo (LAFT), se encuentran el patrimonio, ingresos, cantidad de fieles, relacionamiento con el exterior, situaciones vinculadas a listas internacionales y eventuales escándalos vinculados a estos ilícitos.

En cuanto al análisis por ingresos, Laburu explicó que este se conoce a través de una declaración de la institución o un cruzamiento de datos con los bancos, por lo que el control que estos realizan sobre las transacciones, es una parte importante en la prevención del LAFT. Asimismo, señaló que el segmento de mayor riesgo son aquellas que superan los 4 millones de unidades indexadas (UI), más de $ 20 millones (teniendo como valor cambiario $ 5,21 por UI), en ingresos anuales.

De las 69 organizaciones religiosas sin fines de lucro listadas, que comprenden el cristianismo, judaísmo, mormonismo, entre otros; 25 han superado esa franja y de ellas, 14 superaron las 10 millones de UI. Cabe destacar que una de estas organizaciones, puede estar integrada por más de una parroquia, congregación o institución.

De acuerdo a los datos recogidos por la Senaclaft, en el período entre julio de 2019 y diciembre de 2020, la que contó con mayores ingresos fue La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (también conocida como Iglesia Mormona), la cual declaró haber tenido más de $ 435 millones de ingreso anual.

A su vez, también se destacaron la Iglesia Metodista (la cual cuenta con el Colegio Crandon) con más de $ 387 millones, la Iglesia Universal del Reino de Dios con más de $ 173 millones, la Arquidiócesis de Montevideo de la Iglesia Católica con más de $ 80 millones y la Asociación civil Sociedad La Torre del Vigía (también conocidos como Testigos de Jehová) con más de      $ 77 millones

En tanto, diferentes iglesias señalaron que, a raíz de la pandemia de covid-19 y la realización de las ceremonias religiosas a través de plataformas virtuales, las ofrendas realizadas por los fieles disminuyeron en los últimos años.

Por otro lado, en cuanto al patrimonio, el segmento de mayor alerta comprende a aquellas instituciones que cuentan con activos que superen las 2,5 millones de UI, más de $ 13 millones.

En este segmento, fueron 62 las instituciones que superaron la franja, de las cuales se destacaron la Iglesia Mormona, La Arquidiócesis de Montevideo y la Iglesia Universal, con más de $ 1.500 millones, $ 1.400 millones y $ 760 millones en activos respectivamente.
Fin del Estado

“La exoneración (impositiva) no es un regalo específico sino que hay un fin extrafiscal del Estado, que es promover y fomentar actividades culturales y de enseñanza, de promoción social, en el caso de la religión bienestar espiritual, que también es importante, y el bienestar psicológico de los habitantes”, afirmó Álvarez Goyoaga.
La inscripción en BPS “dignifica” el trabajo pastoral<br>

Si bien en las últimas décadas diferentes congregaciones, dentro del cristianismo, han comprendido la labor pastoral como un trabajo, debiendo registrar al pastor o misionero en BPS, siendo actualmente “la norma”, no siempre fue así.

Por ejemplo, la denominación Iglesia de Dios-Misiones mundiales obtuvo su personería jurídica en 1999, según lo dijo a El País el pastor y presidente de la asociación civil, Esteban Suárez. Eso se hizo para que se realizara el aporte de los pastores como empleados, lo cual “dignificó el trabajo pastoral como un trabajo real ante la sociedad”.

A su vez, señaló que la denominación cuenta con 31 trabajadores registrados en BPS.

“Desde el punto de vista del mundo es un vivo, que no quiere trabajar, que le saca plata a la gente. Es algo muy personal que sabe que está sirviendo al Señor. Hay profesiones y profesiones. Vos no podés ser pastor y tener una vida que no aplique con eso, con lo que estás predicando. Vos a cualquier trabajador, puede ser un buen médico o cirujano, vas a que te opere y ya está, no te importa su vida personal, si es infiel, juega o lo que haga. Pero la profesión pastoral no es así, porque se supone que uno está representando a Dios”, agregó Suárez.

En tanto, la abogada del Arzobispado de Montevideo (Iglesia Católica), Laura Álvarez Goyoaga, dijo a El País que los sacerdotes “no son funcionarios de la Iglesia (Católica)”, ya que “es una ordenación, va por el derecho canónico, y no hay una relación de dependencia”.

En este sentido, sostuvo que los sacerdotes no cuentan con un sueldo, sino que se mantienen con las donaciones que los fieles hacen en su parroquia, mientras que su cobertura de salud es a través de un convenio con el Círculo Católico.

A su vez, explicó que no hay “una jubilación” para el sacerdocio, por lo que al momento de retiro este puede continuar viviendo en la parroquia o, si no puede valerse por sí mismo, cuenta con un hogar sacerdotal.
“Rendición de cuentas” a los fieles<br>

Una práctica que se ha comenzado a desarrollar en algunas iglesias, tiene que ver con la transparencia del uso de las ofrendas que se realizan en las diferentes congregaciones. En ellas se da cuenta de los ingresos y egresos, usualmente anuales, en donde se especifica el gasto determinado en cada actividad, sueldos, mantenimiento, entre otros.

Desde el Consejo de Representatividad Evangélica (CREU), dijeron a El País que estas ofrendas suelen ser utilizadas en “el trabajo con niños, adolescentes o campamentos. Hay iglesias que tienen obras sociales, trabajo con adictos, cárceles. Siempre con el fin que tenemos que es compartir el evangelio”.

En tanto, en relación a los sueldos pastorales, Suárez afirmó que “Iglesia de Dios nace en lugares muy carenciados. Del diezmo que recibe la iglesia, prácticamente un 70% u 80% va para el pastor ¿por qué lo hace así? Porque la empresa nacional (la asociación civil) no tiene ventas, no tiene ingresos. Cada iglesia local es la responsable”.

En este sentido, destacó que un sueldo medio pastoral de su denominación está entre $ 20.000 y $40.000, mientras que este puede crecer si la cantidad de fieles aumenta, llegando a los $ 80.000. En tanto, destacó que si los ingresos exceden el sueldo acordado y lo requerido para el mantenimiento del templo, se destina al crecimiento local. Asimismo, señaló que aquellas que cuentan con un excedente “son contadas con los dedos de la mano”.

En tanto, en caso de no tener los ingresos requeridos explicó que “no hay una asistencia. Sí hay una caja nacional, que funciona con el diezmo de los diezmos. La iglesia recibe diezmos y esta diezma a la Oficina Nacional. Esta caja paga un administrador nacional, contador, trámites, oficina, y en alguna oportunidad asiste a una iglesia que esté en crisis. En la pandemia pagamos algún alquiler, canastas para los pastores, alguna cuenta. Pero la iglesia se tiene que autosustentar. Muchas veces al pastor no llega al 70% u 80’%, muchas veces es menos porque las ofrendas no llegan a lo que se necesita para pagar el mantenimiento de la iglesia”.

Por otro lado, Álvarez Goyoaga explicó que para los casos de las parroquias en zonas más carenciadas, existe un “sistema de solidaridad interparroquial donde las parroquias derivan un fondo que van a atender a las zonas más carenciadas o también entre colectas que incluyen la formación de sacerdotes”.

El monto que se les brinda a estos sacerdotes es de $ 7.000. Asimismo, agregó que los gastos de los sacerdotes son muy austeros.

Por otra parte, desde la CREU destacaron que “es bueno diferenciar que las iglesias tradicionales se mueven con ofrendas voluntarias de las personas. En algunas es el diezmo (10% de los ingresos del fiel), en otras no se enfatiza la cantidad, pero no es que se pide un requisito de plata para ser miembro”.

Asimismo, destacaron que, en sus congregaciones, la ofrenda es secreta.

Esta afirmación contrasta con otras congregaciones que cuentan con sistemas de ofrenda donde se conoce el monto ofrendado por los fieles mediante el uso de sobres con el nombre del fiel u otros medios.

En tanto, sobre el posible caso de un pastor o sacerdote que viva de las ofrendas de los fieles en zonas vulnerables y adquiera bienes suntuarios (de lujo), Chediak explicó que excede la órbita de control del organismo, ya que este se encarga de la prevención del origen o destino ilícito de los ingresos, dejando estas posibles situaciones en la esfera de la ética.